Las Comunidades Autónomas ya están listas para abonar las ayudas directas

• El Gobierno ha dado el visto buena a las CCAA para regular y ofrecer las ayudas directas a los autónomos. La convocatoria se abrirá en mayo, y serán abonadas entre junio y julio.

• Las exigencias del Real Decreto dificultan este proceso.

El pasado viernes, el Ministro de Hacienda proporcionó el proyecto final de convenio a las Comunidades Autónomas. Este documento, que recoge las aclaraciones para la colaboración entre Gobierno y las regiones con el objetivo de regular las ayudas directas a autónomos y empresas, debe ser firmando por las diferentes autonomías y posteriormente, enviado al Ejecutivo

El Ejecutivo tendrá un plazo de 10 días, tras recibir los convenios firmados, para transferir la parte correspondiente de dinero a las Comunidades Autónomas. Cada autonomía tendrá una cantidad asignada de los 7.000 millones de euros que han sido asignados para el reparto entre los negocios y autónomos más afectados.

Por lo establecido, si la firma y envío de los convenios no se demora, y el Ejecutivo formaliza las transferencias en los plazos acordados, las CCAA dispondrán en mayo de los fondos necesarios para las prestaciones por ayudas directas. Con este proyecto de convenios, cada comunidad autónoma podrá, entre otras cosas, solicitar una ampliación de los sectores beneficiarios de las ayudas directas.

Según fuentes de Hacienda, acerca del proceso de firma y envío del convenio, «de por sí, no es largo. Normalmente, debería durar cuestión de días, pero puede demorarse por desacuerdos en materia de requisitos y fondos asignados». Sin embargo, aunque este proceso se cumpla en los plazos establecidos, las CCAA aún tendrían que abrir las convocatorias, establecer los plazos de solicitud y distribuir las prestaciones -entre 3.000 y 200.000 euros por autónomo/negocio-. Por lo tanto, lo más seguro es que estas ayudas lleguen a finales de junio, principios de julio.

Otra dato a destacar es la posibilidad que tienen las autonomías para añadir diferentes criterios, partiendo del Real Decreto 5/2021. Las CCAA tendrán la potestad para desarrollar y redactar un decreto, el cual debe ser aprobado por el consejo de gobierno. Se estima que este proceso tendría una duración de dos semanas desde el momento que se reciban los fondos, según Susana Romero, Directora general del Trabajo Autónomo y Economía Social de la Junta de Andalucía.

Los criterios del Gobierno dificultan el proceso

Según lo previsto, y en condiciones favorables, los negocios más afectados, junto con los autónomos, podrán solicitar las nuevas ayudas directas en el mes de mayo. El proceso para establecer una convocatoria de las prestaciones no supondría ningún problema, sin embargo, la gestión posterior de las solicitudes necesitaría más tiempo. «Tras abrir la convocatoria, quedará gestionar miles de solicitudes de beneficiarios, y millones de euros en fondos. Por ello, la única manera de hacer que las ayudas sean ágiles y lleguen en tiempo y forma es automatizándolas y para eso deben ser ayudas directas, no finalistas», comentó Susana Romero.

Las ayudas directas tienen un carácter finalista, por lo que al autónomo se le exige el cumplimiento de algún objetivo para la concesión de dichas prestaciones. Así establece el articulo 1.1. Del Real Decreto 5/2021, «estas ayudas directas tendrán carácter finalista, empleándose para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos por los autónomos y empresas considerados elegibles».

La ATA (la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), mostró su descontento con el carácter finalista de las subvenciones concedidas por el Gobierno. Es por esto, que la federación realizó una petición para suprimir este requisito, es decir, terminar con el carácter finalista de las prestaciones.

Un trámite más fácil

Terminar con el carácter finalista de las subvenciones, además de permitir un mayor margen a los autónomos para utilizar el dinero, automatizaría y facilitaría el proceso de trámite de estas ayudas a las administraciones autonómicas.

Este cambio, permitiría además la automatización de la gestión y pago, y poder conseguir un ahorro de tiempo desde que se recibe la solicitud de la prestación, hasta que recibe el dinero del trabajador por cuenta propia.

«Ya no haría falta presentar recibos, acreditar determinados requisitos previos, pedir todas las facturas, mirar su orden, o comprobar de qué contrato provienen.. Esto no sólo quitaría mucha carga de trabajo a las administraciones autonómicas, sino que además permitiría automatizar la gestión y pago, y ahorrar mucho tiempo desde el momento en que se recibe la solicitud hasta que llega el dinero a la cuenta del autónomo», destacó la directora Romero.

Las autonomías solicitan nuevos beneficiarios

Tal y como confirmó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado, tras la firma del proyecto de convenio por parte de las CCA, estas podrán ampliar el margen de beneficiarios a otros sectores.

Sin embargo, muchas autonomías ya estarían negociando algunas modificaciones del convenio, donde se encuentra la ampliación de sectores a los que poder adjudicar las prestaciones, además de cuestiones relacionadas con las cuantías y los criterios de elegibilidad.

Estas negociaciones, podrían atrasar unos días la firma de los convenios, y por lo tanto, la concesión del dinero para la ayudas por parte del Ejecutivo.

«Vamos a firmar con cada una de las CCAA los convenios que nos permitan que se haga una situación similar -de concesión- en el conjunto del territorio. Aunque es bien sabido que las CCAA pueden incorporar una parte de progresividad en esos tramos, o criterios añadidos a los que el Gobierno ha aprobado», subrayó Montero.