El pasado mes de enero, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció la remodelación, del sistema de cotización por ingresos reales para trabajadores autónomos de cara al año 2022.
De este modo, la reforma del Reta sería una medida con la que el Gobierno llegaría a alcanzar una recaudación de hasta un 50% más de los ingresos que ya recauda por esta vía, unos 5.055,95 millones de euros más cada ejercicio.
Esta medida se ha configurado como uno de los pilares de la reforma del sistema de pensiones que está abordando el Ejecutivo con los agentes sociales.
El aumento previsto en la recaudación del Reta – de 10.000 millones de euros, a embolsar más de 15.000 millones – no responde a una subida generalizada de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia.
Es más, estaría sujeto a un balance por el cual los autónomos que afrontan una sobrecotización verían ajustados a la baja sus pagos a la Seguridad Social en base a sus ingresos.
Según los cálculos del Ministerio, se espera tener lista la medida para comienzos del 2022.
En dicho momento, 2,1 millones de trabajadores verían reducirse su cotización mensual, mientras que las asociaciones de autónomos calculan que hasta 700.000 verían incrementadas sus aportaciones al sistema.
Más allá de las discrepancias con esta medida, que puedan reflejar ciertos sectores del trabajo autónomo, el Gobierno cuenta con el mandato del Pacto de Toledo para articular esta reforma del Reta.
Recordemos que, el Pacto de Toledo, nació en el año 1995 con la idea de «sacar» las pensiones del debate electoral. Es decir, que a partir de ese momento, las reformas en la Seguridad Social se tomaran por consenso y pensando en la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
En este sentido, el punto de la reforma del Reta recogido como parte de la reforma del sistema de pensiones recoge en el texto enviado a Bruselas que «se trata de implantar gradualmente un nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada».
Además, añaden que con ello se corregirá la distorsión que genera la facultad de elección de la base de cotización «que supone una merma de recursos para el Sistema y un nivel bajo de protección para los autónomos».
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