El Ejecutivo finalmente ha puesto en marcha el nuevo fondo de recapitalización para pymes. Cofides gestionará los 1.000 millones del mecanismo que se anunció en marzo
El Gobierno ha comenzado este martes 15 de junio con el nuevo fondo de recapitalización para pymes que se encuentran en una situación difícil debido a la crisis del COVID-19. La medida se anunció el pasado mes de marzo, y se encuentra dentro del paquete de ayudas directas a empresas y de refuerzo de la solvencia empresarial.
El fondo contará con 1.000 millones de euros, pertenecientes a los 11.000 millones que constituyen el paquete de ayudas directas. La dotación del mecanismo será gestionada por Cofides.
A este fondo podrán optar las pymes que cuenten con una cifra de facturación de entre 14 a 400 millones de euros, hayan sufrido percances temporales ocasionados por la pandemia tras partir de una situación de solvencia económica previa, y además, su sede social se encuentre en España.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, quiso recordar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se ha aprobado dicho fondo, que la medida se ha puesto en marcha especialmente para mejorar la situación de las empresas de todos los sectores económicos.
Las otros dos herramientas anunciadas en el mismo mes de marzo consisten en un paquete de ayudas directas de 7.000 millones de euros, y un fondo de 3.000 millones para apoyar la reestructuración de deuda financiera avalada por el ICO -Instituto de Crédito Oficial-.
El fondo de recapitalización
El fondo puesto en marcha por el Gobierno utilizará mayoritariamente préstamos participativos. Por otro lado, proporcionará inversiones de capital, y de manera complementaria, aportaciones en forma de deuda.
Como ya anunciaron, la herramienta supondrá una participación del Estado en los beneficios futuros de las empresas beneficiarias del fondo. Es por eso por lo que una de las condiciones para optar al fondo, es mantener la actividad de la empresa mínimo hasta finales de junio del 2022.
Además, dichas empresas no podrán repartir dividendo, elevar los salarios de la alta dirección mínimo en dos años, ni tampoco operar en territorios considerados paraísos fiscales.
La medida tendrá una duración máxima de ocho años. El objetivo es que «estas empresas sigan siendo viables después de que terminemos y demos por cerrada la crisis sanitaria y las consecuencias económicas que se derivan de ella», subrayó la ministra de Hacienda.
Comentarios recientes